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Mayo 1, 2020

COVID-19 y su impacto en la economía: consecuencias, proyecciones y la situación latinoamericana.

Por Manuel Cerdan (Economista UBA)

 

 

Las perspectivas de crecimiento económico han cambiado radicalmente a partir de la irrupción del COVID-19 y su veloz propagación a lo largo del mundo. A medida que transcurren los días, las proyecciones son cada vez más pesimistas, dando ya por sentado que se avecina la mayor recesión mundial desde la Gran Depresión.

Como para tomar dimensión del impacto de la pandemia en la actividad económica, basta comparar el mismo con la última crisis importante a nivel mundial: la crisis financiera del año 2008-2009. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, pronostica que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial sufrirá un retroceso del 3% en términos reales (teniendo en cuenta la variación de precios) durante el año corriente, mientras que la contracción durante el 2009 fue de aproximadamente 0,1%.

A diferencia de las distintas crisis que azotaron a la humanidad durante la historia moderna, el origen de la actual no se encuentra dentro de la esfera económica. El hecho de que se trate de un virus hasta ahora desconocido, sin vacuna o tratamiento disponibles, lleva a los distintos gobiernos a tomar medidas de aislamiento, que van desde el cierre de fronteras hasta cuarentenas obligatorias. De esta manera, se busca “achatar” la curva de contagio para evitar un colapso en el sistema de salud, “ganando tiempo” mientras cada país se prepara adecuadamente.

Ahora bien, aquí radica una de las particularidades de la crisis actual: si bien este tipo de medidas son, hoy en día, las más eficaces para combatir el virus, provocan la paralización de casi todos los sectores de la economía, profundizando así la recesión (aclaración: desde ningún punto de vista se está queriendo alimentar la falsa dicotomía entre “salud o economía”; se trata de un problema integral que debe abarcarse como tal, focalizando los esfuerzos en ambas esferas, interdependientes y complementarias entre sí).

Al verse casi todas las actividades económicas interrumpidas, así como limitado el movimiento de personas, nos encontramos ante otra peculiaridad: esta recesión golpea tanto a la oferta como a la demanda de la economía.

Muchísimas empresas y trabajadores independientes (ni que hablar del sector informal) se encuentran en una situación de suma vulnerabilidad. Al respecto, un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exhibe números preocupantes:

 

– 436 millones de empresas (empleadores y cuentapropistas) corren riesgo de experimentar fuertes perturbaciones, ya que operan dentro de los sectores más afectados (industria manufacturera, comercio, hostelería y restauración, actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales).

– Casi 1600 millones de trabajadores informales (76% del trabajo informal mundial) se vieron sumamente afectados por las medidas de aislamiento y/o prestan sus servicios en los sectores mencionados previamente.

 

A su vez, el panorama se torna aun más pesimista si se toma en cuenta el profundo impacto que trae la pandemia en el desarrollo del comercio internacional; aspecto que, además, golpea con mayor fuerza a aquellos sectores que se encuentran dentro de lo que se conoce como Cadenas Globales de Valor (CGV), es decir, procesos productivos que se distribuyen en distintas geografías.

En este sentido, el 8 de abril, la Organización Mundial de Comercio (OMC) trazó dos hipótesis para realizar sus proyecciones sobre la evolución del comercio mundial: en la “optimista”, el volumen del intercambio de mercancías disminuiría un 12,9% durante el año 2020, aunque la recuperación comenzaría a vislumbrarse en el segundo semestre, retomando la tendencia anterior a la pandemia; mientras que en el escenario “pesimista”, el descenso sería mucho más marcado (del orden del 31,9% en 2020), con una recuperación parcial y más prolongada.

Por último, cabe destacar que la propagación de la pandemia, así como el desconocimiento de cuándo se encontrará tratamiento y/o cura, genera un clima de incertidumbre muy grande. Este tema no es menor: la formación de expectativas es fundamental para la toma de decisiones de cualquier agente económico, ya que sus perspectivas sobre el futuro inciden en su comportamiento presente (se verán, por ejemplo, descensos considerables en la inversión o en el consumo de bienes durables, con el consecuente impacto negativo en la actividad).

Ahora bien, ante este panorama desolador, ¿qué políticas económicas deberían llevar adelante los distintos gobiernos para poder contrarrestar, de alguna manera, los efectos negativos que genera la pandemia? Si bien es muy complicado que les economistas logren ponerse de acuerdo, parecería ser que la crisis desatada por el COVID-19 encuentra a (casi) todes en la misma página: es el Estado quien debe intervenir en la economía para poder amortiguar el impacto de la recesión.

Como se ha mencionado previamente, la crisis actual es tanto “de oferta” como “de demanda”, por lo que la ayuda estatal debe atender ambos lados del mostrador. Es por este motivo que, hoy en día, se evidencia una proliferación de políticas fiscales y monetarias expansivas, que varían en alcance, tamaño y modalidad dependiendo cada país. Sin entrar en detalle, lo que se busca es:

 

– Reforzar el sistema de salud mediante el redireccionamiento de fondos para garantizar su pleno funcionamiento y ampliar la estructura existente.

– Evitar la quiebra de empresas, a través de: la postergación del pago de impuestos o aportes patronales; la facilitación de líneas de créditos a tasas bajas para que puedan afrontar sus costos fijos, así como para impedir un quiebre en la cadena de pagos; entre otras.

– Evitar el despido masivo de trabajadores, haciéndose cargo el Estado de parte de las plantillas salariales de las compañías privadas.

– Atender al sector informal de la economía, a los cuentapropistas y a la población en situación de pobreza, mediante transferencias directas por parte del Estado.

– Postergar las obligaciones financieras que afecten a los hogares (suspensión del pago de deudas hipotecarias, aplazamiento del pago de impuestos, etc.).

– Amortiguar el brusco descenso de precios que sufrieron las acciones bursátiles desde el inicio de la pandemia, mediante una compra masiva de las mismas por parte de los Bancos Centrales.

 

Cabe entonces preguntarnos, ¿cómo encuentra esta recesión mundial a los países latinoamericanos? ¿qué sectores se ven en mayor medida afectados? ¿cuáles son las proyecciones para este año

En primer lugar, debe decirse que la crisis no nos encuentra en nuestro mejor momento económico.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) detalla que, en los diez años siguientes a la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de crecimiento del PIB regional se vio disminuida de manera notable (pasó del 6% al 0,2%); y, en particular, el período 2014-2019 fue el de peor desempeño desde la década de 1950, con un leve crecimiento del 0,4%.

Además, este mismo informe da cuenta del deterioro de las cuentas públicas en los últimos años:

 

– La deuda pública bruta, que en 2011 había llegado a su mínimo histórico del 29,8% del PIB, creció de manera notable hasta alcanzar un 44,8% en 2019 (vale aclarar que la situación es muy heterogénea dentro de la región).

– En consecuencia, también aumentó el pago de intereses: pasó de representar el 1,7% del PIB en 2010, al 2,6% en 2019.

– Por último, existió una menor recaudación tributaria durante la última década, en particular por la desaceleración del crecimiento económico, el aumento de la evasión fiscal, la disminución de los precios internacionales de las materias primas y la eliminación de aranceles como consecuencia de la mayor apertura económica.

 

Eduardo Cavallo, economista investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realiza una comparación de algunos indicadores entre 2007 (año previo a la crisis financiera) y 2019, llegando a conclusiones similares a las del informe de la CEPAL. Mientras que en 2007 la región presentaba equilibrio fiscal y un déficit de Cuenta Corriente (CC) del 0,8% del PIB (en promedio), en 2019 exhibía un déficit fiscal y de CC del 3% y 3,4%, respectivamente; a su vez, el nivel de dolarización de los pasivos también se vio incrementado, pasando de un 15,6% de PIB en 2007 a un 17,9% en 2019.

En segundo lugar, cabe preguntarse: ¿a través de qué canales la crisis del COVID-19 afecta a la región?

Más allá de algunas consecuencias que puedan inferirse de lo analizado previamente en el artículo, la recesión actual representa, particularmente, un fuerte shock externo para los países latinoamericanos.

Por un lado, a través de la disminución del comercio internacional. El hecho de que países como China, Estados Unidos o la Unión Europa sufran contracciones muy pronunciadas en su actividad, tiene consecuencias directas sobre la demanda de nuestros productos exportables (en general, bienes primarios, históricamente muy volátiles). Esta disminución, no solo se verá reflejada en una caída del volumen exportado, sino también en el descenso del precio de los commodities.

Por otro lado, en épocas de alta incertidumbre como la actual, en los mercados bursátiles se suele manifestar lo que se conoce como fly to quality. ¿Qué significa esto? En pocas palabras: quienes habían decidido invertir en activos de países “en vías de desarrollo”, deciden vender los mismos para refugiarse en activos “libres de riesgo”, como pueden ser el oro o los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Esto provoca una fuga masiva y repentina de capitales (la presente es aún mayor a la vivida en 2009), deteriorando la situación externa de los mercados emergentes, aumentando notablemente su costo de financiamiento y generando fuertes depreciaciones de sus respectivas monedas.

A la disminución en el comercio internacional y la fuga de capitales, se le suma un tercer factor, importante particularmente para algunas naciones centroamericanas: la contracción del turismo y el envío de remesas, que llegan a representar en dichos países altos porcentajes del PIB.

En el frente interno, la crisis perturba el normal funcionamiento de casi todos los sectores económicos a raíz de las medidas de aislamiento social obligatorio (como ha sido ya detallado), pero, dado el alto nivel de pobreza e informalidad que, lamentablemente, azotan a la región, el impacto es todavía mayor.

Teniendo en cuenta los diversos canales que afectan a la actividad económica en América Latina, la CEPAL estima para este 2020: un retroceso del PIB del orden del 5,3%; un aumento de la tasa del desempleo de 3,4 puntos porcentuales (p.p.), ubicándola en 11,5%; un aumento de la tasa de pobreza de 4,4 p.p. y de la pobreza extrema de 2,5 p.p., lo que representaría un incremento de 28,7 y 16 millones de personas más en ambas situaciones, respectivamente.

Los datos presentados dan cuenta de la gravedad de la situación económica que, sumada a la sanitaria, prometen un panorama desolador para lo que queda del 2020. De todas formas, debe destacarse que un gran número de países latinoamericanos está reaccionando a tiempo, ocupándose de manera integral de la salud y economía de sus habitantes (dentro de los límites estructurales de nuestra región).

Quizás sea un tiempo donde el multilateralismo pueda jugar un papel importante. En la esfera económica, podría existir una condonación de deuda externa soberana (o postergación de los pagos) de los países “en vías de desarrollo”, la facilitación de nuevas líneas de crédito a tasas bajas, así como la coordinación de distintas políticas en conjunto para combatir las terribles consecuencias del COVID-19.